En España, Andalucía se ha convertido en un símbolo de las disfunciones en la gestión de los fondos culturales. A lo largo de la última década, diversos informes y causas judiciales han puesto de manifiesto el uso fraudulento de ayudas públicas, muchas de ellas provenientes de fondos europeos. Espacios culturales anunciados con entusiasmo han quedado abandonados o no llegaron a abrir sus puertas. El caso del Centro de Interpretación del Arte Sacro en Almería, inaugurado y cerrado en cuestión de meses, ilustra perfectamente esta dinámica.
Estas situaciones no son anecdóticas: detrás de ellas se dibuja un sistema de concesión de ayudas poco transparente, con escasos controles y criterios vagos. En muchas ocasiones, las subvenciones han alimentado redes clientelares vinculadas a partidos tradicionales (en particular, al PSOE andaluz), lo que ha motivado duras críticas por parte del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Andaluza Antifraude, que ha solicitado recientemente la anulación de varios contratos por irregularidades graves.
El caso italiano, especialmente en Nápoles, presenta similitudes. A lo largo de los años, se han financiado ambiciosos proyectos culturales sin que estos se materializaran. El Foro Universal de las Culturas de 2013 es un ejemplo paradigmático: se gastaron más de 20 millones de euros, gran parte en marketing y consultoría, sin que quedaran resultados culturales tangibles. Investigaciones periodísticas han revelado que unas redes vinculadas a la Camorra aprovecharon la debilidad de los controles para infiltrarse en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la cultura.
En Hungría, la situación es más estructural. Desde su llegada al poder en 2010, Viktor Orbán ha emprendido una transformación profunda de la política cultural. Museos, teatros, academias: muchas de estas instituciones están hoy bajo control directo o indirecto del partido gobernante, el Fidesz. En 2020, una reforma privó a los municipios del derecho a nombrar directores de teatros, centralizando aún más las decisiones culturales. A través de fundaciones estatales gestionadas por aliados del Gobierno, las subvenciones se asignan en función de la fidelidad política. Los artistas críticos, excluidos de la financiación pública, se ven obligados a autocensurarse o a marcharse del país. Se promueve así una narrativa cultural nacionalista, coherente con el proyecto iliberal del Gobierno húngaro.
Esta instrumentalización de las subvenciones culturales con fines políticos plantea riesgos evidentes. En lugar de fomentar la creatividad, se premia la sumisión. En vez de impulsar la diversidad artística, se impone una visión única, a menudo alineada con los valores del poder. La cultura se convierte en moneda de cambio: se intercambian recursos por lealtad.
Frente a esta deriva, surgen propuestas. Algunas voces defienden la creación de comités independientes para evaluar los proyectos, la participación real de artistas y ciudadanos en los procesos de selección, y una rendición de cuentas estricta. La Unión Europea ha reaccionado en algunos casos como al congelar fondos a Hungría por cuestiones de Estado de derecho, pero su capacidad de intervención directa en las políticas culturales sigue siendo limitada.
En tiempos de polarización y desconfianza, la cultura debe seguir siendo un espacio libre, plural y crítico. Preservarla frente a su instrumentalización exige rediseñar en profundidad los mecanismos de financiación, garantizando que estén al servicio del bien común… y no del poder de turno.
Por Elvire Bernard-Evin
Para profundizar en nuestro asunto de junio dedicado a la corrupción, puedes leer los artículos de nuestras secciones sociedad y cultura en nuestro blog.
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